lunes, 27 de junio de 2011

independencia de mexico

anarquias de poder
Desde la época colonial, Copiapó y La Serena, habían forjado su propia identidad desde la lejanía al centro de poder que era Santiago. El paulatino dinamismo económico que se había ido generando en su interior por la actividad minera y sus vínculos comerciales con Potosí se habían ganado el reconocimiento y el estatus de villa y ciudad, respectivamente. En el otro extremo y también desde su propia y peculiar lejanía, Concepción mantenía su estatus de punto estratégico clave para la defensa del imperio español en América. Se trataba de un puesto militar fronterizo que dependía directamente del virreinato peruano. Sus jefes militares, protagonistas de la guerra de Arauco, gozaban de reconocido prestigio e influencia.
Con la Independencia, bajo el gobierno de los hermanos Carrera (1812/1814), Coquimbo y Concepción alcanzaron rango de provincias las que junto con Santiago asumirían la responsabilidad de Gobernar a la nueva nación. De modo que, Carrera, organizó sus Juntas de Gobierno con delegados que representaban a las tres provincias. Sin embargo, con el advenimiento de O’Higgins al poder esta fórmula de cogobierno interprovincial se descompuso. Su constitución de 1822 terminó con la división provincial y estableció departamentos con autoridades nombradas por el poder ejecutivo. O’Higgins establecía de esta manera el concepto de nación sobre un todo uniforme donde la capital era el centro del poder político y social. Las provincias de Concepción y Coquimbo desconocieron esta constitución, que las despojaba de su condición de igualdad respecto de Santiago. Se incubaba así el largo conflicto que dramatizó la historia chilena durante gran parte del siglo XIX (Illanes; 1993).
El descontento constitucional adquirió en Concepción el carácter de un movimiento revolucionario comandado por su intendente el general Ramón Freire, quien llamó a la formación de una gran Asamblea Provincial de Concepción, que emanaría y encarnaría la soberanía popular de la localidad. Simultáneamente la asamblea de Concepción envió un comunicado al cabildo de Coquimbo instándolo a seguir su ejemplo. El movimiento de las provincias se tradujo también en la puesta en acción de sus fuerzas militares. Por el norte y por el sur avanzaron las tropas hacia Santiago pidiendo la destitución de O’Higgins. La capital se agitó temiendo perder su poder hegemónico ante el alzamiento de las provincias.
Se cuestionó la conveniencia de mantener a O’Higgins en el poder quien finalmente debió renunciar. El Congreso constituyente de 1823 nombró a Freire como nuevo director supremo y aprobó la Constitución de 1823. Sin embargo esta carta constitucional defraudó y alentó nuevamente el descontento de las provincias, las cuales retiraron sus diputados por orden de las asambleas provinciales. Según María Angélica Illanes, fue en ese momento que surgió el ideario liberal, encarnado por José Miguel Infante. Bajo su influjo el gobierno aprobó, en enero de 1826 y en calidad de ley provisoria, el plan federal de gobierno y administración de las provincias (Illanes; 1993).

GUERRA DE REFORMA
La Guerra de Reforma de México o también conocida como la Guerra de los Tres Años, transcurrió desde el 17 de diciembre de 1857 hasta el 1 de enero de 1861, que culmina con la entrada de Juárez a la capital del país. Fue el conflicto armado que enfrentó a los dos bandos en que se encontraba dividida la sociedad mexicana: liberales y conservadores.
Se inicio cuando el general conservador Félix Zuloaga, dio a conocer el Plan de Tacubaya, el cual demandaba la derogación de la Constitución de 1857, la permanencia de Ignacio Comonfort en la presidencia y la convocatoria de un Congreso extraordinario, el cual se encargaría de elaborar otra carta constitucional que, según los conservadores, "garantizara los verdaderos intereses del pueblo". Dos días después de su publicación, Comonfort (Presidente electo en ese momento) se adhirió al Plan de Tacubaya. Benito Juárez (Presidente de la Suprema Corte de Justicia en ese momento) defendió enérgicamente la Constitución y se negó a colaborar con los conservadores. Por esta razón, Comonfort ordenó que lo detuvieran y lo mantuvieran en prisión. Con el transcurso de los años, la guerra se hizo más sangrienta y polarizó a la gente en la nación. Muchos de los moderados se unieron a los liberales, convencidos de que era necesario acotar el gran poder económico y político de la Iglesia Católica. Por un tiempo los liberales y conservadores tuvieron gobiernos paralelos, con la sede del gobierno conservador en la Ciudad de México y los liberales en Veracruz. La guerra terminó con la victoria de los liberales y el presidente Benito Juárez instaló su administración en la Ciudad de México. Una vez que el Congreso Constituyente había cumplido con su tarea de elaborar una nueva constitución, se hizo la convocatoria para realizar elecciones tanto de los poderes federales como los de los estados; tocó entonces a las legislaturas estatales el arreglo de las constituciones particulares de cada estado, de acuerdo con la constitución general. Se reunió así el primer Congreso Constitucional que trabajaría ya bajo los principios de la carta magna del 1857.
Se inició con el Plan de Tacubaya en diciembre de 1857. Su objetivo principal era la abolición de la Constitución liberal. Al siguiente mes, el Plan de la Ciudadela reafirmaba ese propósito. Desde entonces hasta mediados de 1860 el territorio del actual Estado de México estuvo bajo el control de los conservadores. De tal manera irían fungiendo varios gobernadores conservadores. Entonces trató de sostenerse un gobierno peregrino del Estado de México, siendo el de Michoacán asilo de ese gobierno y fuente de provisiones para los guerrilleros mexiquenses. Tanto liberales como conservadores tuvieron desavenencias internas. Efecto y causa de ellas fue el pronunciamiento de Ayotla en el Estado de México en diciembre de 1858.





CONSTITUCION DE 1857

La Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857 fue una constitución de ideología liberal redactada por el Congreso Constituyente de 1857 durante la presidencia de Ignacio Comonfort. Fue jurada el 5 de febrero de 1857. Estableció las garantías individuales a los ciudadanos mexicanos, la libertad de expresión, la libertad de asamblea, la libertad de portar armas. Reafirmó la abolición de la esclavitud, eliminó la prisión por deudas civiles, las formas de castigo por tormento incluyendo la pena de muerte, las alcabalas y aduanas internas. Prohibió los títulos de nobleza, honores hereditarios y monopolios.
Ciertos artículos fueron contrarios a los intereses de la Iglesia Católica, como la enseñanza libre de dogma, la supresión de fueros institucionales, y la enajenación de bienes raíces por parte de la misma. El Partido Conservador se opuso a la promulgación de la nueva Carta Magna polarizando así a la sociedad mexicana. A consecuencia, se inició la Guerra de Reforma, las pugnas entre liberales y conservadores se prolongaron por la Segunda Intervención francesa y por el establecimiento del Segundo Imperio Mexicano. Diez años más tarde, con la república restaurada, la Constitución tuvo vigencia en todo el territorio nacional.
Una vez derrocada la dictadura de Antonio López de Santa Anna en 1855, Juan Nepomuceno Álvarez Hurtado ocupó la presidencia por un corto período. De acuerdo a lo establecido en el Plan de Ayutla convocó al Congreso Constituyente el 16 de octubre del mismo año, con la finalidad de establecer una sede en Dolores Hidalgo para redactar una nueva constitución de ideología liberal. Al año siguiente el presidente en turno, Ignacio Comonfort, ratificó la convocatoria trasladando la sede a la Ciudad de México.[1]
El Congreso se encontraba dividido entre dos facciones principales. Por un lado los liberales moderados que eran mayoría, su plan era restablecer la Constitución de 1824 con algunos cambios, entre ellos destacaron Mariano Arizcorreta, Marcelino Castañeda, Joaquín Cardoso y Pedro Escudero y Echánove. Por otra parte, los liberales puros[2] que pretendían realizar una nueva redacción de la Carta Magna, entre ellos destacaron Ponciano Arriaga, Guillermo Prieto, Francisco Zarco, José María Mata y Santos Degollado. Las discusiones fueron acaloradas y se prolongaron a lo largo de un año.[1]
El presidente Comonfort tuvo injerencia a través de sus ministros a favor de la facción moderada, pues esta era la ideología con la que él mismo simpatizaba. A pesar de la oposición del Poder Ejecutivo y de ser minoría, los puros lograron imponer sus propuestas. Las reformas más discutidas eran: la que prohibía la adquisición de propiedades a las corporaciones eclesiásticas, la exclusión de los eclesiásticos en puestos públicos, la abolición de los fueros eclesiástico y militar (Ley Juárez), y la libertad de cultos.
Estas reformas eran contrarias a los intereses de la Iglesia Católica. Durante el transcurso de las sesiones del Congreso, una insurrección a favor del clero, apoyada por los conservadores —acérrimos rivales de los liberales— tomó fuerza en Zacapoaxtla y Puebla. El presidente Comonfort envió a las tropas federales y sometió a los rebeldes.

PERDIDA DE TERRITORIO
El Tratado de Guadalupe Hidalgo (en inglés: Treaty of Guadalupe Hidalgo), oficialmente llamado Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América,[1] fue firmado al final de la Guerra de Intervención Estadounidense por los gobiernos de México y los Estados Unidos el 2 de febrero de 1848, y fue ratificado el 30 de mayo de 1848. El tratado estableció que México cedería más de la mitad de su territorio, que comprende la totalidad de lo que hoy son los estados de California, Nevada, Utah, Nuevo México y Texas, y partes de Arizona, Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma. Además, México renunciaría a todo reclamo sobre Texas y la frontera internacional se establecería en el Río Bravo.[2] Como compensación, los Estados Unidos pagarían 15 millones de dólares por daños al territorio mexicano durante la guerra, unos 313,46 millones de dólares del año 2006.
Entre los notables aspectos del tratado, se encuentran los siguientes: se estableció al Río Bravo del Norte o Río Grande como la línea divisoria entre Texas y México, y se estipuló la protección de los derechos civiles y de propiedad de los mexicanos que permanecieron en el nuevo territorio estadounidense. Asimismo,
Estados Unidos aceptó patrullar su lado de la frontera y los dos países aceptaron dirimir futuras disputas bajo arbitraje obligatorio. Sin embargo, cuando el Senado estadounidense ratificó el tratado, eliminó el Artículo 10, el cual garantizaba la protección de las concesiones de tierras dadas a los mexicanos por los gobiernos de España y de México. También debilitó el Artículo 9, el cual garantizaba los derechos de ciudadanía de los mismos.
LA PERDIDA DE LA MESILLA
Tras el desastre que implicó para México la invasión militar estadunidense de 1846 a 1848 por la que el país perdió el 55% de su territorio, los deseos de expansión provenientes del norte continuaron especialmente sobre Baja California, Sonora, Chihuahua y Tamaulipas.
La fragilidad política y económica con la que México terminó la guerra con EU, lo hacía presa fácil de mayores descalabros.
Así por ejemplo, Raousset Boulbon reclutó colonos en San Francisco e invadió Baja California y Sonora, tomando de hecho Hermosillo y algunas poblaciones de Baja California.
Al año siguiente (1854) Brian Walker guió a otros invasores e, imitando el modelo de Texas, fundó la 'Republic of Lower California' e izó su bandera en el puerto de Ensenada.
Los pocos Mexicanos que habitaban aquéllas despobladas e inhóspitas regiones enfrentaron casi sin armamento pero con éxito a los nuevos invasores y los pasaron por las armas.
En 1853, el Gobernador de Nuevo México William Lane, quiso extender los límites de su entidad sobre territorios de Sonora y Chihuahua; en Marzo de 1853 declaró ese territorio agregado al de los Estados Unidos.
the Gadsden Purchase



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